Mayores en Residencias. Condenados a pena de localización en tiempos de nueva normalidad

Por fin ha llegado el ansiado día que deja tras de sí más de 100 jornadas de incertidumbre y nos devuelve a la nueva normalidad. Este es el día en que las ciudades se han vuelto a colmar de transeúntes por sus calles y que el silencio de días pasados ha sido vencido por el jolgorio de los niños que pese a las indicaciones de sus progenitores corrían desesperados hacia un futuro más amable.

Las terrazas de los bares se han vuelto a llenar procurando garantizar las medidas de seguridad. Los amigos han compartido con alegría el vermut del domingo y las tiendas han renovado la ilusión de volver a las ventas como antaño.

Los feligreses han asistido a la celebración del domingo sin temor a la limitación del aforo… generalmente son más los bancos que quedan vacíos que los ocupados, de todos modos en tiempos de desconfinamiento la distancia de seguridad ha fomentado las alucinaciones de los párrocos al creer que sus iglesias estaban llenas.

Un día soleado y caluroso, propio del entrado verano, ha puesto la guinda al día de la nueva normalidad.

Todo perfecto, de no haber sido por la imagen de aquellos dos familiares de residentes sentados en la calle frente a la puerta abierta de la residencia de personas mayores.

Cual tormenta de verano, la imagen ha sido suficiente para despertar en mí los sentimientos y las vivencias de los más de 100 días transcurridos y verme atrapada en la tormenta de la realidad de miles de personas, todas ellas residentes de centros de mayores, residencias, geriátricos… instituciones en definitiva.

Empapada en tan cruda realidad siento como propio el castigo impuesto a las personas que han sobrevivido a las consecuencias de la pandemia. Días aciagos de silencio, de soledad, días de tratamientos farmacológicos que paliaran los síntomas de la enfermedad o que pudieran domar las conductas que acompañan en algunos casos el deterioro cognitivo. En aquellos días, los protocolos y procedimientos intentaban prevenir la transmisión del COVID-19 mediante el uso de medidas de contención (fármacos, sujeciones físicas…). Pese a todo pronóstico la fatídica enfermedad arrasó los centros de mayores. A falta de datos definitivos, ya se calcula que el número de fallecidos en residencias con COVID-19 o síntomas compatibles en residencias de mayores es de 19.425 personas, el 71 % de las muertes contabilizadas en España por COVID-19.

Se han abierto numerosas investigaciones que ayuden a clarificar los hechos que han ocasionado el aumento exponencial de la mortalidad de personas mayores institucionalizadas. Espero que haya llegado el momento de arrojar luz a la dinámica asistencial de los centros de personas mayores.

En medio de la tormenta del recuerdo evoco la carta dirigida a la Sra. Mónica Oltra hace más de un año. La Vicepresidenta apelaba en los medios de comunicación a tratar desde la legalidad a las personas que llegaban hasta nuestras costas en pateras… y yo le explicaba que los mayores en sus Instituciones eran náufragos a la deriva a los que la propia Administración Pública había subido a una patera “Centro sociosanitario”, sin preocuparse una vez embarcados si habían llegado a buen puerto…

Ahora, cuando la realidad ha evidenciado la fatuidad del sistema de atención a las personas mayores, cuando los políticos se enzarzan queriendo echar las culpas al responsable de esta situación, ahora, cuando por fin todos los ciudadanos hemos recuperado la “nueva normalidad”, denuncio que el colectivo de personas mayores institucionalizadas sigue en “arresto domiciliario”. Finalizado el estado de alarma, el estado ha normalizado y otorgado los derechos y libertades de los ciudadanos… ¿y los de los mayores institucionalizados?

Desde el mes de abril, la Asociación Lares (1) exige un modelo de desescalada que no olvide a las residencias de mayores, como cita la propia Entidad “No podemos olvidarnos, otra vez, que el aislamiento ordenado en Residencias de Mayores es un maltrato para muchas personas con demencias, porque no lo pueden entender. No morirán de COVID-19, pero lo harán de soledad”.

La escena de los familiares sentados en la calle y la del mayor en el patio del Centro exige que me pregunte ¿hasta cuándo privaremos al mayor de recibir el abrazo de su familiar? ¿Hasta cuándo no tendré permiso para ver a mi madre? 21 de junio, hasta nueva normativa…. una visita semanal de media hora y únicamente de un familiar…. ¿Quién dictó esa sentencia y quién fue su abogado defensor?.

Es evidente que seguimos reforzando el funcionamiento de los centros sociosanitarios desde modelos organizativos y proteccionistas. Es mucho más cómodo y exige menos responsabilidades dirigir las instituciones adoptando el modelo paternalista aunque verifiquemos que fomenta la dependencia de los usuarios. Nos olvidamos de que las personas que viven en esos Centros también tienen vida propia, necesidades, afectos, historias… Es fundamental instaurar el nuevo modelo de cuidados centrado en la persona, cuidados individualizados, identitarios, cuidados que garanticen la autonomía y garanticen los derechos y libertades de las personas independientemente de donde residan.

Hemos normalizado la entrada de turistas… en principio nos planteamos solicitarles el “carnet de inmunización”, después lo descartamos porque aunque bien es cierto que hubiera sido una “garantía de seguridad” no es ético y podría ser discriminatorio…. Señores, más del 90 % de los mayores que viven en el centro de esta escena tienen su “certificado de inmunidad”… entonces ¿por qué no pueden salir del centro, por qué no pueden abrazar a sus familiares, pasar el día o comer con sus hijos?

Me pregunto cómo justificarán la prohibición de salir del Centro al residente que sin “orden de internamiento o previa incapacitación judicial” desee dar un paseo fuera de la Residencia.

El chaparrón del día ha ensombrecido la calurosa tarde que invade el comedor de mi casa. La tormenta del pensamiento me lleva a buscar la normativa que regula la nueva normalidad en los centros de personas mayores. Os ahorro la búsqueda, se trata del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Artículo 4, desarrolla el contenido del “Deber de cautela y protección”.

Todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en este real decreto-ley. Dicho deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en este real decreto-ley.

Me pregunto si la continuidad del confinamiento garantiza la seguridad y protección de los mayores, y si así fuera, por qué el tratamiento es diferente para las personas mayores institucionalizadas y las no institucionalizadas.

Continúo leyendo el Decreto hasta llegar al Artículo 10, P.2, donde se expone que “Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen”. Entiendo que son las Administraciones Autonómicas las responsables de trazar el itinerario del desconfinamiento.

Venciendo la tentación de salir a pasear y olvidarme del tema, me invade el pensamiento forjado a lo largo de 25 años de trabajo en el ámbito sociosanitario… me reactivo e inicio la búsqueda en la publicación de la Normativa Valencia sobre la situación de pandemia por el SARS-CoV-2. Desearía encontrar la sentencia favorable que devuelva la libertad y los derechos de las personas mayores, sin embargo no es así. No existe dicha normativa. seguramente los políticos responsables de dicha gestión me dirían que están trabajando en ello.

Encuentro la RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los centros y recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género y machista.. [2020/4473] DOGV núm. 8835, de 13.06.2020 Y en ella, en el Anexo II en el que se exponen cuestiones referentes a los centros residenciales, ya en Fase II: “En todo caso, las mujeres y los niños y niñas residentes, tendrán derecho a las salidas conforme se establecen en las instrucciones del Gobierno de la nación y de la Conselleria de Sanidad y de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas”.

No hay Resolución para personas que viven en Residencias de Mayores…. Y en ausencia legal sepan ustedes que todos nuestros mayores continúan en “pena de localización”, en arresto domiciliario para que todos nos entendamos.

La pandemia del COVID 19 ha evidenciado la fragilidad del sistema sociosanitario. Por favor no permitamos que la nueva normalidad evidencie la discriminación de las personas mayores y la privación de sus derechos y libertades.

(1) Las Asociaciones Lares surgieron para agrupar a los centros y servicios de atención a los mayores sin ánimo de lucro, donde los valores de respeto a la dignidad y el trato humano y atento eran un activo diferenciador, convirtiéndose en interlocutores ante los gobiernos autonómicos y locales.

Sagrario Martínez Angulo es Enfermera especializada en geriatría. Postgrado en Dirección y gestión de Centros Sociosanitarios, Master en Envejecimiento Normal y Patológico. HIJA DE PIEDAD, usuaria todavía confinada por la pandemia del COVID en una Residencia de personas mayores y que ha superado el COVID-19 (diagnóstico verificado por serología y PCR).